Zulay Rodriguez Lu

Las transferencias extraordinarias a las juntas comunales son responsabilidad exclusiva gobierno central y la Autoridad de Descentralización. Cuando se aprobó la Ley de Descentralización en el gobierno anterior, se establecieron montos específicos para las juntas comunales, dependiendo de la recaudación del impuesto inmueble. Sin embargo, ha sido Cortizo y Carrizo quienes han decidido unilateralmente aumentar esos montos utilizando criterios políticos para beneficiar a algunas juntas comunales.

Lamentablemente, lo antes descrito no pasó y tuvimos que presenciar en pantalla un debate bochornoso, donde se evidenciaba la falta de control e improvisación de quienes nos gobiernan. Los pájaros le tiraban a las escopetas, ya que, según el señor Carrizo, se les debe respeto a ellos. Además, según él, todos debemos mantenernos callados mientras ellos, los del establishment, hacen lo que les da la gana.

Lo correcto habría sido que la directora de noticias, el gerente del medio o el dueño le comunicaran al vicepresidente que con mucho gusto le ofrecerían un espacio en otro momento. Esto se debe a que ellos no son subordinados de la presidencia, y como autoridad y aspirante a dirigir el país, el vicepresidente debería ser el primero en respetar la labor periodística.

A ver, es cierto que resulta inapropiado que un vicepresidente en ejercicio, quien además es candidato, se presente sin previa invitación a un programa matutino. No obstante, esta situación también pone de manifiesto la falta de criterio y carácter por parte de los directivos del medio. Los medios deben ser entes críticos e independientes y no estar supeditados a la voluntad de nadie.

El presidente Laurentino Cortizo vuelve a traicionar al pueblo panameño con su apoyo descarado a la poderosa trasnacional minera. 😡🤬 El contrato leonino de Minera Panamá solo favorecerá a esta empresa, dejando de lado el cobro justo de impuestos y sin abordar el desastroso daño ecológico causado por First Quantum en nuestra amada selva virgen.

Seguimos avanzando con paso firme. Juntos podemos construir un Panamá diferente.

Los mismos dueños de las empresas importadoras también son dueños de las farmacias privadas, controlando así todo el proceso de importación, comercialización y distribución de los medicamentos. Mientras que el Estado, debido a su falta de capacidad para regular este oligopolio, se convierte en un mero espectador.

El elevado precio de los medicamentos es responsabilidad de los oligopolios farmacéuticos, quienes obtienen ganancias exorbitantes de más de 800 millones de dólares al comprar a bajo costo y vender a precios elevados. Estos señores desabastecen el mercado intencionalmente para luego vender medicamentos caros en la farmacias privadas y ganar millones a través de las licitaciones extraordinarias que hace el Estado.

Además, es necesario abordar la responsabilidad social empresarial. No puede ser que haya comunidades enteras, que colindan con este enclave colonial, que estén enfrentando todo tipo de necesidades. De igual manera, debemos discutir el manejo de los desechos y productos químicos utilizados en el proceso industrial. Si no atendemos estos temas a tiempo, estaremos dejando como herencia a nuestros hijos y nietos pobreza y devastación.

Aquí nadie está mencionando la idea de expulsar a la empresa o limitar el derecho al trabajo de sus empleados. Lo que se está planteando es que la empresa, que factura 1,700 millones al año, le pague al país lo que es justo. Si en otros países como Chile, Canadá y Perú se les exige pagar entre el 40% y el 45%, entonces en Panamá también deberían pagar lo mismo o al menos el doble de lo que actualmente están ofreciendo, es decir, un 30%.

Pero lamentablemente, todos aquellos que han ocupado la silla presidencial han priorizado sus intereses personales y los de las élites que los respaldan por encima del pueblo. Un ejemplo claro es el contrato minero que vulnera los derechos del país y constituye un evidente saqueo de nuestra riqueza nacional. Mientras que en Canadá, First Quantum paga el 40%, aquí buscan pagar menos del 15% y condicionan dicho pago a que la empresa obtenga utilidades antes de cumplir con sus obligaciones.

El problema en Panamá no radica en la riqueza, sino en la distribución de la misma. Contamos con un destacado hub aéreo, uno de los centros bancarios más sólidos de la región, una envidiable zona libre y un Canal que genera empleo e inyecta miles de dólares al país en concepto de impuestos y por su operación.